El presidente Javier Milei este lunes modificó el esquema de implementación del Código Procesal Penal Federal por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y ahora quedará a cargo del Ministerio de Justicia, en vez de la Comisión Bicameral que se creó originalmente para llevar adelante esta tarea. Según fuentes de la cartera, el principal objetivo es impulsar el Sistema Acusatorio para efectivizar la investigación de los crímenes de competencia federal, que viene estancado desde que asumieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El decreto modifica la ley que sancionó el nuevo Código en el 2015, en la que se había establecido que el encargo implementar el sistema sea a través de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que funciona en el ámbito legislativo, para que evalúe y proponga proyectos de ley adecuados a los términos actuales. Ahora, será el Ejecutivo, bajo el ala del ministro Mariano Cúneo Libarona, el que se responsabilizará de la función.
Este régimen, según indicaron fuentes del ministerio de Justicia, “moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas”. Denuncian que desde que el expresidente Mauricio Macri dejó su función, la Comisión fue ineficiente.
“Habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019, pero después de eso el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”, reclamó la cartera de Justicia a través de un comunicado. En el DNU también sostienen que los resultados en los últimos años fueron insuficientes.
La “necesidad y urgencia” es sancionar la corrupción gubernamental
La tarea de implementar el “nuevo” Código, que en realidad ya lleva casi 10 años desde su sanción, implica una suma urgencia, según el decreto, dado que investigar la corrupción es una prioridad y hasta que la implementación de la nueva norma no rija en todo el país, hay dos sistemas procesales vigentes.
El último código adoptó el Sistema Acusatorio en la justicia federal, que “asegura la división de roles entre jueces y fiscales” y la investigación de los delitos a través del Ministerio Público Fiscal, que será quien promueva la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal. Solo se avanzó en Salta y en Jujuy, cuando la idea era que se extienda el régimen progresivamente en demás regiones el país.
En esa línea, Justicia agregó que “el estancamiento perjudica seriamente el funcionamiento de la Justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente”. “Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”, cerró.
El DNU 188/2024 especifica que el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que coordinará su labor con la Corte Suprema, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados.
El decreto firmado por todo el gabinete de Milei advierte sobre la “ausencia de mecanismos institucionales efectivos para investigar y sancionar la corrupción gubernamental, lo cual representa una prioridad del Gobierno nacional”.
“Brinda un sistema más eficaz para atender el recrudecimiento de la violencia proveniente del crimen organizado. Según la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, aproximadamente el 70% de los más de 500 homicidios cometidos en Rosario y su área metropolitana durante los años 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales, cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario al fuero federal”, justificó el decreto.
Además, aclararon que “las modificaciones señaladas no implican reformas de carácter penal, sino que proyectan sus efectos inmediatos y necesarios sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal federal”, y que las razones que respaldan el DNU van en línea con el decretazo 70/2023, en el cual “se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia la Constitución Nacional, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Carta Magna para la sanción de las leyes”.