Ese primer paso es en la Corte Suprema de Justicia y la vía es la acción de inconstitucionalidad, que podría tener un desarrollo rápido o lento, de acuerdo a la voluntad política de sus integrantes, que pueden tomar la decisión en el pleno o derivarla a la sala constitucional.
De aceptarse la medida -que también puede ser rechazada, un escenario que está en los cálculos de su equipo jurídico-, la exsenadora tendrá la opción de plantear una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución por la que se la destituyó, lo que podría permitirle recuperar su banca mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El Colegio de Abogados del Paraguay no puede dejar de expresar su malestar y preocupación frente a la flagrante violación de los principios fundamentales de la representatividad democrática, la seguridad jurídica y el debido proceso, perpetrada en el uso imprudente del instituto de la pérdida de investidura
En esta batalla, que además de legal es política, Kattya sumó un aliado más: el Colegio de Abogados del Paraguay, que emitió esta mañana un comunicado en que expresa su “malestar y preocupación frente a la flagrante violación de los principios fundamentales de la representatividad democrática, la seguridad jurídica y el debido proceso”.
Los abogados adviertieron que la expulsión se hizo sin los votos necesarios, lo que representa “un hecho grave que afecta a la consolidación de nuestra democracia”. “Resulta inaceptable, intolerable y un verdadero despropósito que se haya obviado un reglamento interno, consensuado y aprobado por los propios legisladores, quienes posteriormente cuestionan su constitucionalidad y se arrogan unas competencias de las que carecen”, según el comunicado.
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El inicio del proceso coincide con la denuncia del abogado Hugo Estigarribia, quien había señalado la intención del cartismo de barrer con varios miembros no alineados de la Corte, con lo que concretaría el copamiento de todos los poderes, además de otros órganos extrapoder, cuya independencia está cuestionada, como el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.
Estigarribia reveló que el cartismo está detrás de Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos y aplicaría un procedimiento similar al que aplicó a Kattya González en el Senado. La vía sería el juicio político, fundándose en diferentes argumentos, pero en el caso de Ramírez Candia, que se haya declarado inamovible hasta los 75 años.
Tanto Ríos como Santander fueron electos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y siempre mostraron un conducta más autónoma en comparación con sus pares. Ríos fue electo senador por el Partido Liberal y referente del ala más progresista de la cámara alta. Santander, por su parte, es un abogado cercano al Partido Colorado por su pasado como militante del Movimiento Popular Colorado (Mopoco), pero también era cercano a sectores del Frente Guasú.
La Corte eligió la semana pasada por voto unánime a su nuevo presidente, Luis María Benítez Riera, que ya había ocupado el puesto entre 2011 y 2017. Al igual que su antecesor, César Diesel, es una figura cercana al cartismo. La apuesta de Kattya pasa por Santander, ministro de la sala constitucional, vicepresidente primero de la Corte y con un perfil independiente respecto a otros integrantes.
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Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1992 varias destituciones concretadas por el Legislativo fueron recurridas ante la Corte, pero no existe antecedente de que sus decisiones hayan objetado la resolución de otro de los poderes del Estado.
Un caso distinto es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en dos ocasiones contra las decisiones de autoridades paraguayas, como el sucedió con el exministro de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos, destituido durante la “barrida de la Corte” del año 2003, y el exfiscal Alejandro Nissen Pessolani, expulsado por el JEM en el año 2004, ambos sin el cumplimiento del debido proceso.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com