Milei quiere atraer inversiones de grandes empresas y apuesta a bajar dos impuestos clave

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Pese a las declaraciones oficiales de que la reducción tributaria llegaría una vez que el gasto público se achique, el Gobierno quiere tomar un atajo, no alzar. La inclusión en la Ley Ómnibus del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) propone otorgar beneficios a la agroindustria, forestal, de gas, petróleo, minerales e infraestructura .

A los fines de no caer en la misma trampa del tiempo que Mauricio Macri, el presidente, Javier Milei tiene la intensión de declarar de interés nacional a dichas inversiones al considerarlas “útiles y conducentes para la prosperidad del país” y con ello, brindarles a los titulares de “vehículos de proyecto únicos” (VPU) un trato preferencial.

“Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones y (…) competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”, destacaron como uno de los objetivos del RIGI.

De aprobarse la iniciativa en el recinto, las sociedades anónimas (incluidas las unipersonales y de responsabilidad limitada), sucursales de aquellas constituidas en el extranjero, dedicadas, uniones transitorias y otros contratos asociativos tendrán dos años para adherirse desde la entrada en vigencia del régimen. Un plazo, que el Poder Ejecutivo contará con la posibilidad de duplicar .

Cambios en el IVA, Ganancias y al cheque

A los fines de promover el ingreso al régimen, se ponen sobre la mesa una estabilidad normativa por más de 30 años e incentivos cambiarios, tributarios y aduaneros. Sobre este último punto, se contemplan impuestos de gran peso para las arcas del estado nacional.

Se plantea que la alícuota del impuesto a la Ganancias para las grandes inversiones sea del 25% (en lugar del máximo de 35% que establece la Ley). Además de otorgar una amortización especial por los bienes muebles de dos cuotas anuales, iguales y consecutivas; y para las obras de infraestructura, bajo las mismas condiciones, pero con el mínimo de la cantidad que surja de considerar el 60% de la vida útil.

A su vez, se contaría con la posibilidad de deducir los quebrantos impositivos en Ganancias del mismo periodo. Luego de no absorbidos por cinco años podrán ser transferidos a terceros, en el caso de sucursales dedicadas también tendrán la posibilidad de optar por su sociedad. Los cuáles serán actualizados por inflación en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a los dividendos y utilidades, la ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas tributarían a la alícuota del 7%. Pero cuando se distribuyan luego de tres años del cierre del ejercicio fiscal y cuatro de la adhesión al RIGI, la alícuota bajará al 0%.

En el caso de que a los VPU se les facture el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los montos totales de compras o importaciones podrán pagarlo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o proveedores con la entrega del “Certificados de Crédito Fiscal”. Los cuales luego podrán ser utilizados por estos últimos.

En cuanto al impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias -conocido como al cheque-, las grandes inversiones podrían computarlo en un 100% como crédito de Ganancias.

Libre comercio y prohibición de crear tributos subnacionales

Los bienes de capital, repuestos, partes, componentes e insumos se encontrarían exentos de los derechos de importación, estadística y comprobación como de régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales o provinciales. Mientras que los de exportación lo estarían cuando transcurran tres años desde la fecha de adhesión al régimen.

En esa misma línea, el Gobierno quiere prohibir cualquier tipo de restricción a la importación y exportación de bienes y servicios para la construcción, operación y desarrollo del proyecto adherido. Como también los “precios oficiales” y toda medida que altere el valor de las mercancías.

Pero lo más atractivo, y el punto de conflicto con los poderes subnacionales, surgiría de la cláusula que estipula que los VPU no podrían ser alcanzados por nuevos gravámenes provinciales y/o municipales, salvo que se traen de las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados .

Prueba de esa tensión latente son las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quíntela, quien apuntó contra el mandatario frente a posible arribo a la provincia por parte de la empresa de Elon Musk. “De alguna manera está blanqueando que le va a entregar el litio”, sostuvo en conversación con Radio 10.

Los efectos sobre pymes

La iniciativa fue criticada por el Centro de Economía Política (CEPA) al considerar que son “sectores sumamente competitivos que no requieren, en principio, el auxilio estatal para su desarrollo” a diferencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Las recientes medidas anunciadas por el ministro Caputo van en un sentido opuesto a la industrialización de la Argentina”, afirmaron en el centro. Y especificaron: “El incremento del impuesto PAIS para las importaciones, la suba de las alícuotas de exportación al 15%, la eliminación de la Ley de Compre Nacional y con ello, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y la apertura comercial (eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas) pueden generar un aluvión importador”.

Fuente: https://www.cronista.com/