Hace años que las provincias reclaman contra el costo subsidiado de muchos servicios que se prestan en el área metropolitana. Las tarifas de luz y gas que se aplicaban en el área metropolitana, así como el valor del transporte público, siempre fueron compensados por el Tesoro como forma de generar un menor impacto en los precios al consumidor en la zona más poblada del país.
Pero ese argumento nunca fue sólido. Porque el gran Buenos Aires nunca tuvo la exclusividad de la pobreza. Muchos otros aglomerados urbanos del interior podrían haber reclamado igual tratamiento con el mismo argumento.
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El Gobierno avanza a todo vapor
El que intentó lanzar la primera piedra fue Martín Guzmán. Su foco, por su mayor impacto fiscal, estuvo puesto en la reducción gradual del aporte estatal sobre las tarifas energéticas. Pero el kirchnerismo no se hizo cargo de ese propósito. De hecho, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionaba al entonces ministro de Economía por no ejecutar “todo” el déficit fiscal anotado en el Presupuesto de 2021. El hecho de que para cumplir ese deseo había que conseguir financiamiento (del mercado financiero o del Banco Central, en el peor de los casos) no era muy trascendente en ese momento.
Sergio Massa tuvo más suerte. Como sucesor de Guzmán, la necesidad de acotar el déficit fue más fuerte en su vínculo con el FMI, e incluso se animó a ir más allá, al pedir que la Ciudad y Buenos Aires solventaran también parte del subsidio incluido en el boleto de colectivos.
La provincia se animó, en 2023, a chicanear a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por estar en falta con su parte. Los bonaerenses cumplían, pero también recibían aportes discrecionales de la Nación para equilibrar sus cuentas.
La discusión volverá a pleno en 2024, pero motorizada por una realidad ineludible: la devaluación incrementó los costos operativos y el precios del combustible, con lo cual las opciones son aumentar el valor del boleto o poner más fondos públicos para cubrir la diferencia. El mensaje del Gobierno a las provincias es que el que quiera subsidio, lo va a tener que financiar de sus propios fondos. En Córdoba el colectivo vale $ 240 y en el AMBA va a llegar a un tercio de ese valor. Las asimetrías ya no resisten más discusión.
Fuente: https://www.cronista.com/