“Creemos que la derogación de la Ley 25.715 es un grave error, porque ella no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia. El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la Ley 25.715”, indicaron.
El CAA exhorta a los diputados y senadores nacionales a no aprobar el artículo 59 del proyecto y evitar así “lo que será un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores”.
“Igualmente grave es la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles N° 27.640 (arts. 307 a 315), que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el 2030, es decir, se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal del sostenimiento de la actividad azucarera”.
Entre los cambios que impulsa Nación se destaca la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas, la habilitación a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre -a pesar de la posición dominante de tres empresas que compran el 95% del bioetanol a 20 elaboradoras-, elimina la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa.
“Consideramos que el proyecto puede ser mejorado, orientado a una Convergencia Técnica con el Mercosur, se mantengan las condiciones para la mezcla del 12% con bioetanol de producción nacional y se contemple su incremento a un rango de entre 18% y 27% con mecanismos de competencia abierta. Haremos las contribuciones necesarias para que diputados y senadores nacionales introduzcan cambios”, señala el comunicado firmado por su presidente Jorge Feijoó.